Memorias Culturales, Ciudadanías y Estado en Colombia: En Búsqueda de un Relato Incluyente
por Fabio Silva Vallejo en Opiniones
En un momento de confusión y desubicación, es importante cuestionar los orígenes de nuestra relación con el Estado y la fragilidad con la que nos involucramos en la ciudadanía. ¿Qué hilos nos conectan —si es que aún nos conectan— a un pasado común; a una imagen compartida de lo público; a un colectivo comunal nosotros?
Siguiendo el enfoque de Jan Assmann, la memoria cultural puede pensarse como un texto: una red de historias, símbolos, monumentos, rituales y silencios que las sociedades crean y replican para dar sentido a su realidad a lo largo del tiempo. Pero, como cualquier otro texto, esta memoria también está sujeta a lecturas cambiantes, olvidos estratégicos, páginas arrancadas, capítulos inconclusos. En el caso colombiano, esto está fragmentado, tachado y a veces reescrito desde los márgenes sin ningún lector compartido, sin una sintaxis compartida.
A diferencia de la mayoría de las otras formaciones nacionales que establecieron sus ciudadanías alrededor de sus propias historias comunes —por muy míticas que sean—, carecemos de una narrativa fundacional común que nos conecte a la misma fuente en Colombia. Nuestra memoria cultural no tiene un “acto inaugural” que, como el 14 de julio en Francia o el 4 de julio en Estados Unidos, establezca una ruptura simbólica con el pasado y una promesa común de futuro. La independencia no se vivió como una revolución popular sino como un cambio de élite, y lo que siguió fue una república de papeles, una república de papeles que, centralista y excluyente, hizo poco por hablar con las memorias locales, indígenas, negras o campesinas.
Como observa Michel-Rolph Trouillot, “no toda historia se cuenta”, y no toda memoria es considerada válida por el Estado. En Colombia, hemos tenido más que una narrativa fundacional: hemos tenido narrativas funcionales: historias que legitiman la autoridad, que pasan por alto la violencia, que silencian al pueblo, que nos impiden concebir un nosotros colectivo. La construcción del Estado, por sí sola, no es meramente un procedimiento institucional o un conjunto de reglas y burócratas, sino una experiencia muy humana, física, afectiva y simbólica, algo que una persona crea —o no se da cuenta— con ese nebuloso objeto de autoridad que está allí, promete seguridad y justicia.
En Colombia, este vínculo se ha sentido discontinuo: en cierto grado el de un Estado que es fuerte para castigar, pero débil para cuidar, que es frío cuando se necesita compasión, que cede sus funciones a agentes paralelos cuando se requiere asegurar derechos. Aquí, la ciudadanía, como conclusión de esta relación memoria-estado-individuo, se convierte en un fenómeno frágil. No se consolida como pertenencia, sino como sospecha; no como una prueba de derechos, sino como un refuerzo de ausencias.
La ciudadanía, entonces, no es solo una cuestión de portar documentos o votar, sino de hacer memorable la vida en común, contarla, crearla. El desarraigo que nos ha llevado tan dolorosamente ahora no es solo un sentimiento subjetivo, sino más bien un resultado orgánico de esa memoria interrumpida y ese Estado intermitente. ¿Cómo, entonces, recuperamos, desde las palabras, desde la acción, desde la escucha, las condiciones para nuestra reescritura colectiva del texto de nuestra memoria, para imaginar un Estado que exista en la vida ordinaria de todos, y para reconstruir una ciudadanía que no sea solo un estatus legal sino una práctica viva, digna y compartida?
Este desarraigo que nos domina ahora es más que un sentimiento subjetivo como dicen; es un resultado estructural de esa memoria interrumpida y ese Estado intermitente. Lo que la pregunta nos pide a cada uno de nosotros es cómo podemos restaurar —desde las palabras, desde la acción, desde la escucha— las condiciones para reunirnos para reescribir colectivamente el texto de nuestra memoria, para imaginar un Estado como parte integral de la vida cotidiana, y para reconstruir una “ciudadanía” que no sea solo un estatus legal sino también una práctica con la dignidad humana de lo vivo.
En Colombia, con la violencia y el fracaso del estado, múltiples sectores en el tejido social han construido algunas formas de ciudadanía desde abajo, basadas en la memoria, el cuidado, la resistencia y la creatividad. Los pueblos afrodescendientes del Pacífico, por ejemplo, han apropiado el territorio como un tesoro viviente de memoria y la raíz de un colectivo, y no simplemente un recurso listo para la explotación comercial. Los guardias indígenas y cimarrones son herramientas de protección, pero más importante aún, gestos profundos de autonomía política y preocupación comunitaria.
Las víctimas de la guerra, organizadas a través de movimientos como MOVICE o las Madres de Soacha, han exigido un derecho a la verdad, la justicia y la no repetición resignificando el duelo como un acto político. De la misma manera, los procesos de educación popular, las radios comunitarias, las escuelas de liderazgo feminista, las mingas indígenas, los festivales de memoria, los colectivos de arte urbano y las prácticas campesinas de soberanía alimentaria son todas actividades reales en las que la historia nacional se rehace desde la vida cotidiana y desde memorias subalternas. Son ellos quienes todos hemos visto darse cuenta de que la ciudadanía no nace por decreto o forma, sino a través de la práctica cotidiana de lo común, a través del choque con el otro, a través de la afirmación de la dignidad en entornos hostiles.
En Colombia, la ciudadanía ha sido menos un derecho que una tarea, un proceso de invención desde abajo y una inversión en ideas, innovación no una garantía otorgada desde arriba. Frente a un estado tan indiferente o violento, una variedad de comunidades ha forjado modos de ciudadanía anclados en la memoria, la dignidad y el cuidado colectivo. Han tejido sus propias narrativas nacionales desde la periferia, no autorizadas o no reconocidas. Y, aun así, algo no se ha integrado del todo. A pesar de la fuerza de estos procesos, la violencia continúa, la narrativa nacional no es completamente coherente, las personas en la comunidad frecuentemente se sienten abandonadas, desprotegidas o simplemente no parte del proyecto nacional. ¿Por qué sucede esto? ¿Uno puede razonar esto, debido al desequilibrio entre las narrativas que resisten y aquellas estructuras que sostienen?
Las prácticas ciudadanas que surgen de la periferia —guardias, mingas, pedagogías populares, arte comunitario, duelo político— son actos de reconstrucción simbólica dramática, pero no son capaces de cambiar las lógicas profundas del poder. Las élites políticas, económicas y mediáticas continúan funcionando con sus narrativas exclusivas basadas en el miedo, el privilegio y la dominación territorial. A esto se suma que muchas de estas experiencias permanecen aisladas, desconectadas entre sí, sin articulación nacional ni la capacidad de desafiar efectivamente la narrativa dominante.
Cuando el Estado actúa, lo hace tardíamente, de manera instrumental o simbólica. O bien co-opta, neutraliza o fragmenta estas iniciativas, absorbiéndolas sin alterar sus fundamentos. En otros aspectos, las omite o las criminaliza. También debemos familiarizarnos con el cansancio: resistir sin garantías, construir sin apoyo, narrar desde el dolor. Es agotador. Muchas comunidades han apoyado estas formas alternativas de ciudadanía durante décadas con poco cambio tangible a lo largo del tiempo. Repetición de conflictos, reconfiguración a través del crimen organizado, corrupción sistémica, fragilidad institucional: el horizonte transformador parece desplazado todo el tiempo. Y el país aún no tiene una narrativa común en medio de todo eso.
La historia nacional no ha logrado integrar sus múltiples memorias; ha preferido jerarquizarlas, silenciarlas o confrontarlas. Porque el “nosotros” colombiano es frágil, inconsistente y frecuentemente irreal. Como si aún no hubiéramos decidido si somos una república o una finca, una democracia o un conjunto de enclaves. No es que tales esfuerzos no hayan servido de nada. Absolutamente no, más bien al contrario, estarías mucho peor sin ellos. Pero lo que sí necesitamos, sin embargo, es algo más: una especie de salto narrativo y político que permita la articulación de las muchas ciudadanías existentes en una propuesta posible y coherente para el país. No solo una que resista, sino que interrogue el significado de lo nacional. Una que no solo sobreviva al Estado, sino que lo reinvente.
Por todo lo que sabemos sobre nosotros, contar nuestra historia de nuevo viene con el imperativo de pasar de una narrativa fragmentada nuestra a una conversación plural, de la denuncia a la propuesta, de la periferia al centro. Y, sobre todo, del dolor a la imaginación colectiva. No basta con recordar: necesitamos narrar de nuevo. No basta con resistir: necesitamos reconfigurar. La narrativa, la matriz estructurante de lo político, cultural y cívico. La narrativa se concibe, en esta interpretación, no como un recurso comunicativo o estilístico, sino como una categoría estructurante de la experiencia social y política. Narrar es organizar y elegir y hacer conexiones y significados de los eventos, y en esa medida, la historia produce realidad: la narrativa produce lo que se ve, se habla y se piensa en el marco de referencia histórico-cultural dado.
Desde esta perspectiva, el Estado, las memorias culturales y las ciudadanías no son categorías cerradas o estáticas, sino que se configuran, negocian y resignifican a través de formas institucionales, simbólicas y experienciales que son construcción de historias, disputadas y resignificadas. La forma en que se representa al Estado, como garante, como opresor, como ausente, influye directamente en su legitimidad y agencia. Asimismo, las memorias culturales se movilizan como narrativas que se oponen, reconstruyen o reestructuran pasados traumáticos y presentes desiguales, y las ciudadanías se convierten en historias de pertenencia, exclusión o demanda de reconocimiento. Así, la narrativa opera como una matriz hermenéutica y política a través de la cual se organizan prácticas, significados y relaciones sociales. No es solo un espejo, sino un sitio de contención: sobre quién puede hablar, qué se recuerda, cómo se ha organizado lo común y quién, una vez más, es considerado un sujeto político.
La ciudadanía en Colombia, como en muchos países de América Latina, no es simplemente algo que se asume según una visión liberal universalista que dice que las personas deben tener igual acceso a derechos civiles, políticos y sociales. Esta noción se deriva de la ficción moderna, atacada por escritores como el malogrado Boaventura de Sousa Santos, cuyo término para ello es «la sociología de las ausencias»: la producción sistemática de invisibilidad por parte de los Estados y el pensamiento eurocéntrico. Desde este punto de vista, la ciudadanía colombiana ha sido selectiva, jerárquica y racializada. Y Aníbal Quijano argumenta que el colonialismo no cesó con la independencia; se convirtió en la colonialidad del poder, un sistema de clasificación social que articula raza, trabajo, género y conocimiento; y al hacerlo excluye a quienes no se ajustan al modelo del ciudadano “civilizado”. Como tal, la ciudadanía ha funcionado como una ficción legal que no incluye a los pueblos indígenas, afrodescendientes, sectores populares urbanos y rurales, mujeres o disidentes sexuales. No hay coincidencias en que, como diría Orlando Fals Borda, “las mayorías están ausentes del poder”, como es el caso de Colombia. Basándose en una pedagogía crítica, Paulo Freire ha enfatizado que la ciudadanía solo se logra cuando los sujetos se entienden a sí mismos como ciudadanos debido a su concienciación, lo que significa que leen críticamente su realidad y comienzan a luchar para cambiarla. Y es por eso por lo que la ciudadanía no es algo que recibimos; es algo que construimos desde abajo: desde resistencias y memorias y práctica popular y arte y palabra oral.
