“La tierra no se hereda de los padres, se toma prestada de los hijos.”
— Proverbio indígena Ufaina
“Donde se niega la justicia, la tierra se vuelve estéril.”— Hannah Arendt
Por: Fabio Silva Vallejo. Profesor investigador. Director Grupo Oraloteca. Universidad del Magdalena
Texto leído en el Segundo Encuentro de Investigadores y Sabedores del Caribe colombiano. ICNH. Santa Marta
En este corto ensayo, propongo la discusión de la relación entre la tierra, el clientelismo y el paraestado en el Caribe colombiano y lo ilustraré como tal, lo que representa tres vectores que sostienen y reemergen el régimen de dominación territorial desde la época colonial hasta hoy. El despojo armado y económico no fue un resultado lamentable de la guerra, sino una tecnología política que reordenó la soberanía, centralizándola en manos de gobernantes locales y fuerzas armadas. La clientelización del Estado y la continuación de los paraestados son las condiciones institucionales que impiden la restitución efectiva y la reparación justa. Basándome en una lectura comparativa de ocho departamentos —Magdalena, Cesar, Bolívar, Córdoba, Sucre, La Guajira, San Andrés y Providencia, y el Atlántico— intento demostrar que la restitución y lo que estaba por venir formarían parte de los circuitos de favores, lealtades y violencia que reproducen la desigualdad. Quiero ver el Caribe como un sitio de economías morales de despojo y resistencia territorial. Y finalmente, quiero decir que la verdadera reparación no es devolver hectáreas, sino reincorporar a las comunidades en formas de vida y memorias comunitarias que la violencia y la burocracia intentaron borrar.
Introducción: la tierra como escenario de poder
El Caribe colombiano es, sobre todo, una historia de tierra: su apropiación, silencios y luchas. Desde las concesiones de tierras coloniales hasta los megaproyectos turísticos del siglo XXI, la tierra ha sido una dinámica más matizada que el recurso que parecería ser, algo que siempre ha representado no solo una tierra de comercio, sino el lugar donde se ejercen el poder y la memoria. En esta región, los procesos de despojo se entrelazan con procesos de agroindustria, minería, ganadería y turismo, induciendo una nueva etapa de desplazamiento de exclusiones. A largo plazo, en una guerra abierta se mantiene una paz administrada por el Estado, capturada por redes clientelistas y paraestados, que distribuyen beneficios en lugar de derechos.
Del orden colonial al enclave actual
Las jerarquías agrarias y las estructuras agrarias del Caribe reproducen una genealogía alargada de concentración. La hacienda colonial, alimentada por la esclavitud y el peonaje, se convirtió en la finca republicana y luego en el enclave agroexportador. En cada instancia, la regla era la misma: control del territorio y servidumbre de la gente. En el siglo XX, una élite agrocomercial —la economía bananera (Magdalena), el café (Sierra Nevada), el ganado (Córdoba y Sucre), luego el carbón (Cesar, La Guajira)— consolidó el control económico con el poder político. Sus habilidades de mediación con el Estado central convirtieron la tierra en moneda electoral.
Despojo como matriz política del clientelismo
El despojo armado de los años 1980-2000 no fue un fenómeno marginal incidental, sino más bien una herramienta de gobernanza en sí misma. Los grupos paramilitares actuaron como intermediarios de los intereses de la élite, expulsando comunidades y titulando tierras a nombre de amigos políticos. La violencia transformó la ciudadanía: el campesino despojado fue subyugado al favor del patrón o político local para recibir programas de ayuda. Fue así como el clientelismo emergió como una solución en lugar de justicia, garantizando la lealtad a cambio de la supervivencia personal.
El Estado clientelizado: legalidad administrada
En el Caribe, el Estado opera como una red de intermediarios en lugar de una estructura impersonal de ley. Las instituciones de reparación —URT, UARIV, ANT— dependen de circuitos de contratación y recomendaciones políticas. Las decisiones sobre restitución, proyectos productivos o inclusión en programas de víctimas a menudo pasan por el filtro del favor burocrático. Las campañas electorales tratan con la entrega de tierras o subsidios en muchos municipios. El resultado es una justicia condicionada, donde la posibilidad de derechos se vuelve contingente a la proximidad al poder local.
El paraestado: continuidad armada y economía del miedo
Los llamados “grupos post-AUC” de la actualidad son de hecho un paraestado funcional: mantienen el control sobre rutas, imponen “impuestos de seguridad” y determinan quién puede regresar. Su mera presencia reorienta la autoridad: no son completamente legales ni completamente ilegales, pero tienen el efecto de gobernar el territorio. En Córdoba y Sucre, los sucesores de las AUC toman el control de rutas clave entre San Jorge y La Mojana y utilizan la coerción y la contratación pública para inducir obediencia. Las empresas mineras en Cesar y La Guajira emplean seguridad privada que sostiene lógicas paraestatales. La restitución, por lo tanto, enfrenta una soberanía fracturada, donde la violencia sigue siendo el lenguaje del poder.
Paramilitarismo en Magdalena: la genealogía del control armado y político
Magdalena es uno de muchos departamentos donde el paramilitarismo logró mezclar la violencia con el orden político y económico de una manera que lo transformó de una provincia en un laboratorio de dominación híbrida. El territorio enfrentó la convergencia entre estos tres procesos desde los años 1980:
- abandono estatal y debilidad institucional.
- el crecimiento de la agroindustria bananera y ganadera.
- y la presencia de insurgencias que permitieron la formación de grupos de “autodefensa”.
a. De la seguridad privada al poder armado. En las zonas bananeras del norte, los empresarios —descendientes del enclave de la United Fruit Company— recurrieron a financiar estructuras armadas privadas para defender fincas y rutas de exportación. Lo que comenzó como vigilancia empresarial se convirtió en una milicia paraestatal incrustada con el apoyo tácito de las fuerzas militares locales. Esta fusión se solidificó durante los años 1990: el paramilitarismo obtuvo el respaldo del discurso de seguridad y anticomunismo; el ganado y la selva bananera se convirtieron en adyacentes a la Sierra Nevada. b. El Bloque Norte y la Captura Territorial. Esto estableció a Magdalena como un componente integral del programa paramilitar del Caribe, resultado del ascenso del Bloque Norte de las AUC y el liderazgo de “Jorge 40” (Rodrigo Tovar Pupo). Y desde los pueblos de montaña hasta la Carretera del Caribe, los comandantes impusieron una administración paralela: recaudaban impuestos, formulaban reglas, elegían candidatos y controlaban contratos públicos. Municipios como Ciénaga, Fundación, Aracataca, Pivijay y Zona Bananera fueron reconfigurados en un nuevo mapa de autoridad: debían cumplir. El lema implícito era sencillo: “sin el permiso del comandante, nada se mueve.”
c. La Economía del Despojo. El paramilitarismo de Magdalena combinó economías legales con ilegales. Esta fuerza despojó por la fuerza a los campesinos de la Sierra para quitarles sus tierras, controló los negocios bananeros mediante la extorsión y se benefició del tráfico de drogas por el mar. Los puertos de Ciénaga y Santa Marta surgieron como focos para la exportación de cocaína y el lavado de dinero en los sectores inmobiliario y turístico. El despojo rural se materializó como acumulación urbana: capital manchado de sangre subvencionó condominios, centros comerciales y campañas electorales.
d. La Captura del Estado Local. El paramilitarismo no reemplazó al Estado, lo habitó y remodeló desde adentro hacia afuera. Las alcaldías, los concejos municipales y los hospitales fueron simbólicamente llenados por actores que tenían responsabilidad ante los comandantes. El “orden” paramilitar se naturalizó en la vida diaria: los impuestos eran “contribuciones,” las masacres eran “limpiezas” y la obediencia se recompensaba con contratos o subsidios. Lo que se creó fue una burocracia del miedo, un Estado armado clientelizado en el que la legalidad no era más que un mecanismo de disciplina.
e. Despojo Moral y la Pedagogía del Terror. El paramilitarismo llevó al despojo simbólico, así como al material. Prohibió fiestas, censuró músicos y narradores, impuso códigos de vestimenta y limitó el movimiento. Fue una forma de pedagogía del terror que desgarró la organización comunitaria y rompió relaciones de confianza. Los paramilitares sabían que la dominación debe enseñar obediencia además de matar.
f. De la Desmovilización a la Recomposición del Parapoder. La desmovilización de las AUC en 2006 no derribó las estructuras de poder militar. En Zona Bananera, Ciénaga y Santa Marta, nuevas bandas que heredaron el Bloque Norte, como las AGC o el “Clan del Golfo”, continuaron controlando economías y territorios. Estos discursos de desarrollo y paz fueron un proceso de reconstrucción de viejas alianzas: empresarios, excombatientes y políticos operaron desde viejas alianzas y gestionaron la “normalización” del territorio. El resultado fue un cambio, sin fragmentación: el parapoder cambió de nombre, pero no de función.
g. Memoria y Dignidad. Frente a ese silencio impuesto, sin embargo, las comunidades comenzaron a restaurar sus memorias. En regiones como Nueva Venecia, Siberia, Guachaca y Tucurinca, las víctimas han levantado casas de memoria, murales y archivos comunitarios que transforman el dolor en acción colectiva. La memoria aquí no es nostalgia ni réplicas, sino restitución ética: una forma de devolver la palabra de la violencia a las personas que intentó borrar.
Territorialidades Comparadas: Geografías de Poder y Exclusión.
El Caribe colombiano no es homogéneo; más bien es un mosaico de territorialidades diferenciadas en las que el poder se distribuye según historias, economías y geografías. El despojo, el clientelismo y el parapoder se manifiestan de diferentes maneras, en diferentes departamentos, pero el principio esencial sigue siendo válido: la captura pública por redes de poder privado.
Magdalena: Agroindustria, Turismo y Despojo Múltiple.
Cesar: Minería, Reasentamientos y Desplazamiento Institucional. En Cesar, la industria del carbón convirtió un legado de tierras ganaderas y campesinas en zonas de intenso extractivismo. Los llamados “reasentamientos voluntarios” por parte de empresas mineras multinacionales son en la práctica un desplazamiento institucionalizado que ve a las comunidades perder sus tierras y tradiciones por nada más que compensación económica. Luego el parapoder se articula en la colusión de negocios, seguridad privada y política local: una tríada que dicta quién se queda y quién se ve obligado a partir. La minería también ha degradado los tejidos sociales rurales, reemplazando formas cooperativas con economías de dependencia y vigilancia.
Bolívar: Montes de María y Restitución Empresarial. Bolívar se ha posicionado como un territorio bisagra: vincula el Caribe costero con Montes de María y las sabanas interiores. A raíz de los desplazamientos masivos de finales de los años 90, los Montes se encontraron funcionando como un laboratorio para la restitución formal sin que fuera necesario un cambio mayor. Grandes proyectos agrícolas y forestales han impedido que los campesinos regresen; en áreas ahora restituidas, la tierra a menudo está hipotecada a crédito o arrendada a empresas. El discurso de “emprendimiento rural” sirve como un nuevo instrumento de control: la reparación se convierte en una alianza empresarial condicionada. En las áreas costeras (Cartagena–Arjona–Mahates), el clientelismo urbano y el turismo lujoso reproducen la exclusión en el lenguaje de la inversión.
Córdoba: La Hegemonía Ganadera y la Contrarreforma Armada.
Córdoba es la fusión del parapoder rural colombiano. Aquí, las Autodefensas Unidas de Colombia se fusionaron con clanes ganaderos y políticos para crear un modelo de dominación total. Aquí el terror armado y el clientelismo administrativo se unieron; y el departamento también estaba experimentando una contrarreforma agraria. La propiedad de la tierra fue legalizada por algunos grandes terratenientes, mientras que los campesinos continuaron demandando sus derechos. Los intermediarios en los programas de restitución toman las políticas de reparación y las convierten en favores políticos. La cultura del ‘patrón protector’ sigue siendo la moralidad política dominante, sostenida por redes de parentesco y devoción.
Sucre: la Mojana y el San Jorge, territorios anfibios de despojo.
Sucre es un área donde la violencia se mezcla con el agua. En la Mojana y el San Jorge, la expansión de la ganadería y el cultivo de arroz destruyó los humedales, desplazando a las comunidades anfibias que dependían de la pesca y la agricultura estacional. El clientelismo de Sucre es esencialmente una estructura estabilizadora de mediación: la asistencia estatal se otorga a cambio de votos, contratos o silencio. En la zona costera del Golfo de Morrosquillo, las playas están privatizadas y los pescadores artesanales son expulsados, recreando lo que ha sido el despojo marítimo del resto del Caribe. Sincelejo, el epicentro político del departamento, ejemplifica la institucionalización del favor: los programas de reparación, vivienda y restitución se transmiten a través de canales partidistas que sustituyen la justicia por gratitud.
La Guajira: extractivismo energético y despojo de agua.
La Guajira tiene una paradoja: una de las regiones más ricas en recursos naturales y una de las más pobres del país. El carbón de El Cerrejón y los parques eólicos en el norte son una nueva fase de extractivismo “verde”. Aquí el despojo no se mide en hectáreas de tierra sino en agua desviada y tierra sagrada profanada. Los Wayuu están sujetos a un triple despojo, incluyendo el ambiental, cultural y espiritual. El paraestado interactúa a través de empresas de seguridad privada, intermediarios políticos y contratos de asistencia social que atan a las comunidades a una dependencia perpetua.
San Andrés y Providencia: colonialidad turística y despojo simbólico.
En el archipiélago, el despojo es más simbólico y legal. Los Raizales pierden sus propiedades a través de ventas forzadas, herencias truncadas y marcos regulatorios que favorecen a los inversores externos. El turismo de enclave reproduce la colonialidad del placer a través de playas privatizadas, trabajo racializado y borrado de la cultura criolla. La lucha por la tierra aquí es una de memoria: reclamar el mar como territorio ancestral contra el poder hotelero y estatal.
Urbanización clientelista y despojo administrativo en Atlántico.
El Atlántico proporciona un caso “civil” de despojo. No es un espacio de guerra abierta, sino de captura institucional y urbanización desigual. Barranquilla ha emergido como el centro financiero y político del Caribe, pero su creciente urbanización ha significado la remoción forzada de habitantes populares del centro a las periferias, sin tales servicios. El modelo de desarrollo metropolitano de la ciudad ha centralizado aún más el clientelismo empresarial: una coalición entre la clase gobernante y sus conglomerados económicos, que gestionan la ciudad como una corporación, a través de concesiones, contratos de infraestructura y asociaciones público-privadas.
Y en los distritos ribereños y del sur, la concentración de tierras ocurre en nombre de la modernización, aunque en realidad a menudo está oculta por otras narrativas. El paraestado aquí no tiene armas, sino documentos de licitación: sus reglas son presupuestos, adjudicaciones y medios. La violencia ahora es administrativa; el desplazamiento, burocrático. Al hacerlo, el Atlántico demuestra que el clientelismo urbano y el capitalismo de obras públicas son prácticas presentes de despojo y disciplina social también. El ciudadano reemplaza al campesino como figura de control: participación prometida, ofrecida para poder participar, cuando no tiene control de la decisión.
Corrupción moral y captura institucional.
Según Nancy Fraser, el estado colombiano tiene una crisis de representación y redistribución: reconoce derechos, pero los administra a través del clientelismo. El clientelismo es la versión moral del capitalismo periférico, una economía de reconocimiento desigual. Las políticas de reparación no eliminan el orden clientelista sino que modernizan el orden clientelista: sirven para certificar víctimas, para proporcionar ayuda, pero no alteran la dinámica de poder. La “paz territorial” es una paz gestionada, supervisada por los mismos beneficiarios de la guerra.
Economías morales del despojo.
La economía moral del despojo ofrece una explicación de cómo el saqueo material se legitima en narrativas morales de progreso y reconciliación. La ética del trabajo, la productividad y la seguridad son narrativas que legitiman la exclusión. Harvey (2004) se refiere a este proceso como acumulación por despojo: la transformación de algo que antes era común en una mercancía. En el Caribe, la tierra y el agua, y la memoria, fueron mercantilizadas. En respuesta, las comunidades crean economías morales de resistencia: mingas, cooperativas, redes de memoria, educación campesina. Memoria, soberanía y resistencias. Así, la restitución más significativa es simbólica, no legal. Recuperar la tierra es reconstruir lazos, nombres, historias. En los Montes de María, el campesinado restituido reescribe la historia con murales; en la Mojana y el San Jorge, las comunidades ribereñas integran la agricultura y la pesca como rutas de retorno; en la Sierra Nevada, las mujeres Wiwa y los campesinos registran la genealogía territorial; en San Andrés, los colectivos Raizales afirman el territorio sobre el mar. Estas experiencias nos muestran que la memoria es una especie de soberanía popular: una forma de decir «todavía estamos aquí», frente al poder clientelista y paraestatal.
Conclusión: desclientelizar la paz, reterritorializar la justicia.
El Caribe colombiano existe entre esta guerra que nunca termina y la paz que no comienza. No simplemente para reclamar hectáreas; para desmantelar la red clientelista y paraestatal que captura el estado. Mientras la reparación esté en manos de intermediarios, no habrá justicia territorial. Desclientelizar el estado también significa devolver la palabra y la voluntad a los no representados. La tierra, de manera similar, aquí deja de ser un activo económico, en cambio, sirve como una metáfora de dignidad. Donde la restitución no funciona, las comunidades encuentran otros medios para quedarse: cultivando memoria, alianzas, historias sobre el territorio. Y esa es la verdadera restitución: la que devuelve el sentido del mundo.
