Memoria y Discurso

Luis Fontalvo-Ramos

I

¿De qué forma la memoria colectiva y el Análisis Crítico del Discurso (ACD) pueden contribuir al entendimiento de los procesos sociales?

Una nueva Constitución es el proceso político pendiente y el marco social histórico que atraviesa la vida de cada individuo y grupo de Chile; y, también, el que edifica relaciones sociales distintas para el futuro. Este proceso transformador convoca a repasar la contribución de la memoria y el Análisis Crítico del Discurso (ACD) como saberes y prácticas sociales que evidencian las luchas y yuxtaposiciones por el pasado, presente y futuro en el seno del pueblo chileno. Para ello, recurriremos a Adriana Bolívar (2003), Roberto Manero y Adriana Soto (2005), estableciendo una conversación entre memoria y discurso como constituyentes de la realidad social; juntamente, tendremos presente a Sergio Grez (2016), para disponer como antecedente de este hecho histórico a la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de Chile en 1925. Estos documentos serán vinculados con la observación de la sesión No. 9, de la Comisión de Preámbulo de la otrora primera Convención Constitucional de Chile, realizada el 24 de mayo de 2022, donde se aprobó de forma particular los párrafos presentados para el texto de preámbulo que debía tener la propuesta de nueva Constitución Política. Este recurso, sin pretender ser exhaustivo, lo matizaremos desde el texto oral y escrito, contenidos en la grabación audiovisual y, en específico, el informe del 30 de mayo de 2022.

             Se afirma que, tanto la memoria como el discurso son constructores de la realidad, pero no solamente eso comparten: la memoria, potencialmente, son los discursos de agentes sociales individuales o colectivos vinculados a las luchas del presente por los significados del pasado. Es así como la memoria y el discurso, especialmente, contienen una dialéctica: que intrínsecamente son constituidas y constituyentes de subjetividades y realidades sociales (Manero y Soto, 2005). Adicionalmente, vemos que los procesos de memoria tienen diferentes denominaciones y campos teóricos en una literatura extensa, pero cuando se apunta a la memoria personal es denominada individual; y, cuando se alude a la memoria compartida, se utilizan las designaciones social, colectiva, política e histórica (Manero y Soto, 2005). No obstante, establecer sus diferencias puede ser aclarador para los fines que contribuyan a los procesos sociales históricos. La memoria individual es autorreferente o autobiográfica, relacionada con la reflexividad del individuo para recordar los sucesos elaborados; en cambio, la memoria compartida, suele confundirse entre diferentes campos disciplinarios mencionados (Manero y Soto, 2005). Sin embargo, para nuestros fines, emplearemos la memoria colectiva como los recuerdos que tienen los grupos sobre el pasado, los cuales movilizan discursos dotados de factores sociales que influyen y constituyen la memoria de los pueblos.

             Precisamente, el presente chileno establece el escenario de batalla en el que convergen procesos de significación de lo inmediato. Su enlace con el pasado nos muestra que esta temporalidad (el pasado) no es finiquitada e inerte, sino que está en permanente construcción y reconstrucción por las formas sociales colectivas; la cual da sentido a la realidad social y a la significación de los sujetos sobre el entorno próximo (Manero y Soto, 2005). En efecto, la memoria colectiva no se separa del pasado, presente y futuro, está fuertemente arraigada a las experiencias vividas, en la imaginación social y la constitución subjetiva de individuos y grupos (Manero y Soto, 2005). Efectivamente, cuando las formas sociales colectivas evocan recuerdos, lo que hacen es desplegar propósitos, utopías y aspiraciones futuras; por ende, la memoria, siempre es el elemento constitutivo de los procesos sociales colectivos (Manero y Soto, 2005). Ahora bien, la memoria igualmente ha sido el instrumento para la administración de la vida humana. Sobre todo, implementadas por las políticas de la memoria estatales que controlando la información sobre el pasado pretenden mantener el orden instituido. Por supuesto que, ante el autoritarismo, la resistencia de las organizaciones sociales se disputan el presente para controlar el pasado; y, a la vez, que las representaciones del pasado puedan dar las condiciones para las aspiraciones sociales del futuro (Manero y Soto, 2005).

             De manera semejante, la memoria y el discurso son mediados por el lenguaje, el cual proporciona la construcción de las realidades sociales. De ahí que, los textos, sean orales o escritos, tienen diferentes dimensiones en el plano de los discursos. Inicialmente, el discurso social sitúa las palabras y sus significados en el contexto de lugar e interacción social, amalgamando propósitos colectivos conformes a la cultura; también, el discurso como conocimiento, tiene que ver con procesos cognitivos de representación y significación del mundo, donde el lenguaje tiene el papel edificador; mientras tanto, el discurso como historia, relaciona la temporalidad como campo de fuerza para explicar la transformación de las sociedades; y, en cuanto al discurso como diálogo, se relaciona al habla y la escritura como acto social que establece relaciones entre dos o más participantes (Bolívar, 2003). Lo más importante es que, el Análisis Crítico del Discurso (ACD), estudia al lenguaje como práctica social de los sujetos y colectivos, considerando fundamentalmente el contexto del uso del lenguaje y el discurso como base comunicativa (Bolívar, 2003). Así, los textos orales y escritos son una actividad social cargada de contenido, que guarda información de interés, que indican transformaciones del pensamiento y en donde se evidencian construcciones y redefiniciones identitarias de los hablantes individuales o grupales (Bolívar, 2003). Realmente, el cambio del pensamiento humano, así como sus percepciones, representaciones y acciones, se ven reflejado en los cambios discursivos, siendo una práctica social dinámica en los procesos sociales y políticos.

             Definitivamente, la memoria colectiva y el Análisis Crítico del Discurso (ACD) contribuyen a reflexionar sobre los procesos de la otrora primera Convención Constitucional de Chile. La vía de acceso desde la memoria colectiva interpreta estos procesos sociales en el marco del presente inmediato, considerando las exigencias y necesidades que fueron expuestas desde las y los exconvencionales que conformaron esta trama y que representan a los pueblos; así como la elección de recuerdos para la transformación del entorno social en el nuevo texto constitucional. Indistintamente, la memoria colectiva considera los fenómenos imaginarios que participan en las luchas de las naciones y ciudadanías de Chile, además de la construcción subjetiva de un nuevo Estdo. Acorde, el Análisis Crítico del Discurso (ACD), puede evidenciar, mediante la observación de la otrora primera Comisión de Preámbulo, el papel del lenguaje como parte del contexto y la producción de circunstancias que son fijados en textos orales y escritos, relacionando significados y representaciones del presente; pero, también, las relaciones de poder y las disputas por la selección del recuerdo y las palabras que condensan el cambio de las relaciones políticas. No obstante, reconocemos que, tanto la memoria como los discursos, están intrínsecamente conectados, como dialécticas constituidas y constituyentes de los procesos sociales emergentes y que ambas forman vínculos sociales, identitarios y referentes de subjetividad política.

II

¿Cuáles son las representaciones sociales disputadas y contenidas en el preámbulo del primer Borrador Constitucional de la República de Chile?

La Comisión de Preámbulo, que formaba parte de las comisiones finales de la Convención Constitucional de Chile, este primer proceso político y social que clausuró su funcionamiento el 4 de julio de 2022. La Comisión estaba conformada por 15 convencionales constituyentes, que representaban diferentes colectivos políticos y pueblos, así como por las y los abogados que hacían parte de la coordinación técnica de la Comisión. La primera sesión fue celebrada el 10 de mayo de 2022, y, la última, el 31 de mayo de 2022, logrando 11 reuniones que pueden consultarse en los canales oficiales de la otrora primera Convención Constitucional. De todas ellas, la sesión No. 9, llevada a cabo el 24 de mayo de 2022, es crucial como escenario de votación particular y donde se expresan argumentaciones por parte de los colectivos políticos de acuerdo con los párrafos presentados, para consignarlos en la única propuesta que pasó a la votación del Pleno el 23 de junio de 2022. Básicamente, seleccionamos este recurso para analizar el uso político de los discursos en la sesión grabada y fijar el resultado escrito; así como la elección de palabras y los significados en la elaboración del preámbulo del texto constitucional, la cual fue revisada en la gramática y ortografía por una experta lingüista.

             El contexto de la sesión No. 9, de la Comisión de Preámbulo, no es el de un acalorado debate sobre los párrafos y enmiendas indicadas por las y los exconvencionales constituyentes. El escenario era de votación particular, que mediante los resultados vemos la existencia de un acuerdo político, encarnado por un sector plural y previamente convocado para adquirir consensos en la sesión. Esta interpretación no solo es visible a través de las votaciones, ya que este acuerdo político fue mencionado literalmente por uno de los exconvencionales, quien distinguió tres proyectos de preámbulo: “La trabajada por instancia voluntaria, la cual se verá favorecida por la votación; [una] que representa mi sector; y, otra, que representa a otro sector”. En efecto, las intervenciones reflejaban acertadamente este ambiente discursivo, pero, sin duda, con importantes matices que resaltar. Lo primero, es que la propuesta de preámbulo consensuada previamente por buena parte de los exconvencionales planteaba un clima   en el que toda la comisión se reconocía y no había mayores discrepancias. Por otro lado, la agrupación representada por los exconvencionales, Ricardo Neumann y Ruth Hurtado, movilizaba un discurso para incorporar otras palabras que resignificaban hechos del pasado, presente y futuro, con la particularidad que guardaba distancia con los proyectos de preámbulo de los otros sectores. Y, por último, la división personificada por las exconvencionales, Cristina Dorador y Carolina Videla, buscaban incorporar párrafos que reconocieran agentes, temporalidades y condiciones ecológicas en el preámbulo, estando cerca de la propuesta final aprobada; pero, logrando relativa incidencia en la construcción definitiva del texto, destacando la crisis climática y las luchas sociales. 

             Lo interesante de aquella sesión son los discursos de las tres agrupaciones, principalmente los dos proyectos de preámbulos que no se vieron favorecidos por la votación de la Comisión. A pesar de que no hay un intenso debate, estos actores exponen los motivos por los que hay que incorporar sus propuestas a la versión decisiva del preámbulo, visibilizando intencionalidades, significación y disputa por las representaciones para el texto final. En el caso de Ricardo Neumann y Ruth Hurtado, fue manifiesto el propósito de resignificar el origen del proceso Constituyente, recitando lo siguiente: “la paz y el diálogo como la esperanza que dio origen a este proceso, sin entrar en mayor calificación histórica, de lo que fue el 18 de octubre”. Esta apelación hizo distinción del Estallido social, como proceso vinculado a la violencia política, el terrorismo y, en el mejor de los casos, al desencuentro social, negando la reconfiguración social del país; buscaba situar el origen del proceso no en la crisis social que desató la revuelta, sino en el Acuerdo por la Nueva Constitución y la Paz; lo que vaciaba complemente este proceso social sin reconocer las disputas intrínsecamente unidas a la primavera de octubre. También, al cambiar el origen, la primera Convención Constitucional se proyectaba como ordenamiento jurídico común, homogéneo, de igualdad por fuera de lo cultural y lo territorial, posicionando la visión de país alejada de la demanda de los pueblos y la plurinacionalidad.

En ese mismo sentido, tanto Neumann como Hurtado, formularon finalizar el texto de preámbulo con la frase: “ante tan magna tarea y reconociendo la falibilidad humana, proponemos humildemente la siguiente carta fundamental con la conciencia de que dios, la patria y la historia juzgarán finalmente los resultados de las normas que a continuación se presentan”. Esta vinculación de valores y principios supra terrenales, además de la necesidad de un juicio del proceso político, forma parte del pensamiento que defienden ciertos grupos sociales chilenos; pero, además, de la necesidad de controlar el presente desde las ideas cristianas y la historia oficial. Ninguna de las enmiendas presentadas por este sector logró mayoría significativa. Incluso, los discursos solían repetirse sin mayores modificaciones, siempre buscando resignificar el origen de la primera Convención Constitucional, su representación para el presente de Chile y la vinculación futura con valores homogéneos desde colectivos políticos conservadores.

Al contrario, las propuestas defendidas por las exconvencionales, Cristina Dorador y Carolina Videla, disputaron el origen del proceso desde la enumeración de agentes sociales y procesos de cambio, donde intentan afianzar el Estallido Social: “esta constitución es resultado de los procesos de movilización, organización y construcción popular, que por décadas se han levantado en el país, luchas forjadas en los movimientos sociales, feministas, socioambientales, sindicales, educacionales, de disidencias y diversidades sexo genéricas, indígenas, territoriales y culturales que marcan nuestra historia pasada y presente en la memoria colectiva de los sueños y anhelos de este nuevo pacto social”. Ciertamente, la enumeración es selección de la realidad, posicionamiento de la existencia de la acción popular y la versión maximalista de aquel proceso constituyente. Tal reconocimiento engendraba la visión política de los movimientos populares, como se intentó en la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales de Chile en 1925 (Grez, 2016). Quienes, al igual que en esa nueva oportunidad, erigían un proceso democrático, participativo y popular, con la emergencia de agentes políticos plasmados en el preámbulo de forma explícita como parte del futuro de la sociedad.

              Otro de los temas que defendieron las exconvencionales mencionadas, era la de relevar la conformación de un Estado Ecológico consignada en las normas sobre Forma de Estado, mediante la siguiente enmienda: “reconociendo que somos naturaleza y a la vez sus custodios, al estar unidos indisolublemente a ella, hemos escrito la primera constitución del Estado ecológico del mundo, hacemos frente a la crisis climática global que aqueja a los territorios de norte a sur, avanzando en el equilibrio ecosistémico con responsabilidad, solidaridad, justicia, para con las generaciones presentes y futuras”. En esa propuesta de redacción, hay unos cambios de paradigma en las relaciones de naturaleza y sociedad, así como la incorporación jurídica del cambio climático como responsabilidad de Estado, que debía asumirse para garantizar los diferentes modos de vida de las generaciones futuras. Ambas propuestas, y en general todas, se disputaban el hablante del preámbulo, ya sea desde un acuerdo político, pasando por la enumeración de actores sociales o reconociendo nacionalidades en la nueva propuesta de Constitución; todas ellas buscaban revelar un hablante, en este caso, los pueblos de Chile, quienes encarnan el cuerpo social que exige nuevas condiciones para la existencia misma de sus vidas. Era una correlación de fuerzas políticas, donde había mayores posibilidades de que las clases sociales oprimidas encontraran un ascenso social y el cambio de los principios que rigen la sociedad, por nuevas relaciones ciudadanas y el establecimiento de la soberanía territorial diversa y plurinacional. 

[El Preámbulo que nunca fue…]

Preámbulo

“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud, para asumir esta vía institucional a través de una Convención Constitucional ampliamente representativa.

En este contexto, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino, sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la libertad. De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente Constitución Política de la República de Chile”.

Referencias:

Bolívar, A. (2003). Análisis del Discurso y Compromiso Social. Akademos, 5(1), 7-31.

Grez, T. S. (2016). La Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales Chile, 1925: entre el olvido y la mitificación. Izquierdas, 29, 1-48.

Soto, M. M., y Manero, B. R. (2005). Memoria colectiva y procesos sociales. Enseñanza e Investigación en Psicología, 10(1),171-189. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29210112

Autor