«Conoces el nombre que te dieron, no conoces el nombre que tienes.»

Libro de las Evidencias. José Saramago

Hace unos años escribimos un texto ¿Por qué campesinos? Una postura crítica desde la antropología (Revista Oraloteca. No 6). Allí nos hacíamos una pregunta básicamente académica: ¿quién tiene derecho a nombrar al otro? ¿Quién autoriza al antropólogo o al funcionario o al político o al experto para decidir que una palabra con la cual millones de personas han construido su identidad ya no las representa? Hoy esa pregunta ya no es exclusivamente antropológica. El ministro de Agricultura Indalecio Dangond ha decidido llamar campesinos a los campesinos y dice que sería mejor hablar de “empresarios del campo”. La expresión podría pasar por cualquiera de esas ocurrencias del lenguaje burocrático si no se encerrara algo mucho más profundo: la pretensión del Estado de volver a nombrar a alguien cuya existencia histórica política cultural precede largamente al funcionario que ahora pretende rebautizarlo.

El problema no es que un campesino pueda ser empresario claro que puede serlo comercializar sus productos asociarse exportar incorporarse tecnología acceder crédito transformar sus cosechas participar exitosamente en los mercados el problema aparece cuando se dice para entrar en modernidad tiene que dejar de ser campesino Como si campesino fuera una palabra vergonzosa Como si desarrollo empezase allí donde termina la identidad

Ese texto planteaba precisamente esto. La antropología ha tenido una larga y problemática costumbre de construir categorías para nombrar a los otros: indígenas, afro, campesino, tradicional, subalterno, etc. Pero detrás de toda clasificación hay una pregunta política ¿quién nombra a quién? Y cuando estábamos hablando si era posible académicamente sustituir la categoría campesina, hoy nos preguntábamos algo que parece va directamente al despacho del ministro de Agricultura “¿Cómo vamos a cambiar nosotros que no somos campesinos […] una categoría porque ahora creemos que no representa al campesino?”

Esa pregunta está viva. El campesinado no necesita que un ministro le diga cómo debe llamarse para sentirse digno Ni siquiera que su dignidad dependa de incorporar vocabulario empresarial a su identidad porque campesino no es solo ocupación. Es relación con la tierra, forma de producir conocimientos, relaciones familiares y comunitarias, memoria, territorialidad, prácticas culturales y una larga historia organización política de lucha. Y esto ya no es interpretación antropológica. Es Constitucional. Desde el Acto Legislativo 01 de 2023 el artículo 64 dice que “el campesinado es sujeto de derechos y especial protección” y reconoce expresamente su particular relación con la tierra, la producción de alimentos, la soberanía alimentaria, sus territorialidades y dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas ambientales. La Constitución colombiana no dice pequeños empresarios del campo: dice campesinado

Una palabra cargada de historia

Hay palabras que no se pueden cambiar por resolución, declaración ministerial o estrategia de comunicaciones porque contienen demasiados muertos, demasiados desplazamientos, demasiadas luchas, demasiada historia. Campesino es una de ellas. La historia colombiana sería imposible sin las luchas campesinas por la tierra, sin colonización campesina, sin ligas agrarias, sin ANUC, sin recuperaciones de tierras, sin desplazamientos y sin comunidades que volvieron una y otra vez a sembrar después que la violencia intentara expulsarlas

En nuestro texto hay voz de Julio Alfonso Díaz, campesino de los Montes de María Su historia podría ser la de miles de colombianos. Militó dieciocho años en la ANUC hasta que consiguió una parcela donde sembró yuca, ñame, aguacate, ajonjolí, maíz, árboles frutales, luego llegaron los paramilitares tuvo que volver a abandonar su tierra, familia, animales trabajo. Don Julio decía algo extraordinariamente sencillo “No renuncio de ser campesino, para mí es un orgullo ser campesino”. Ahí quizás está la respuesta más contundente al ministro ¿Con qué derecho el Estado le quita a Julio esa palabra que él conservó incluso después de quitarle la tierra?

En el fondo de esta discusión hay un viejo prejuicio colombiano: imaginarse campesino como pobre, ignorante, atrasado, improductivo, premoderno, curioso porque intentando combatir ese prejuicio el ministro acaba reproduciéndolo porque si para dignificar al campesino necesitamos dejar de llamarlo campesino convertirlo lingüísticamente en empresario estamos aceptando implícitamente que la palabra campesino tiene algo indigno. Nuestro artículo decía todo lo contrario. Julio Díaz (el campesino con el que escribimos este artículo) decía que el campesino sabe las diferencias entre los suelos de una misma hectárea, qué sembrar en cada terreno, combina cultivos; conoce ciclos de lluvia, semillas, plantas animales. Por eso se definía con lucidez formidable como científico de la producción agrícola Ese conocimiento no aparece necesariamente en un balance contable. Está en la memoria. Se transmite de generación en generación. Caminando por una parcela se aprende de la lluvia, se reconocen las semillas, se lee el comportamiento de los animales, recordando qué pasó hace veinte años con la cosecha. Eso es conocimiento campesino Y convertir al campesino solo empresario puede acabar haciendo invisible precisamente aquello que lo diferencia

El peligro de transformar ciudadanos en unidades productivas

Pero hay otro problema aún mayor. “Empresario del campo” no es simplemente un nombre más moderno. Introduce otra concepción del sujeto. El empresario está básicamente definido por su relación con el mercado, la inversión, la productividad, la rentabilidad competitividad, la comercialización El campesino no se puede reducir a eso El campesino produce, vende y compra naturalmente pero también habita un territorio construye comunidad, transmite conocimientos, organiza parentescos, conserva semillas, produce alimentos para autoconsumo, participa en organizaciones, establece una relación histórica y cultural con la tierra. Don Julio Díaz Advertía que los campesinos podían asociarse a una industria agropecuaria, pero entonces correrían el riesgo de convertirse simplemente en empleados subordinados a las decisiones de una empresa. Su aspiración era otra: tener tierra, autonomía, preparación y capacidad de producir y comercializar por sí mismos. Una cosa es fortalecer económicamente al campesino otra muy distinta convertir esa identidad en categoría empresarial queremos campesinos con crédito, campesinos con tecnología, campesinos con carreteras, campesinos con universidades, campesinos que exporten, campesinos que transformen sus productos, campesinos conectados digitalmente, campesinos con ingresos dignos pero campesinos.

De hecho, la misma Constitución muestra que no hay contradicción entre identidad campesina y modernización productiva: el artículo 64 reconoce al campesinado como sujeto cultural político, pero además ordena facilitar extensión agropecuaria empresarial asistencia tecnológica generación valor agregado comercialización. No hay que borrar al campesino para modernizar el campo.

Nombrar es históricamente una acción de ejercer poder Desde la antropología aprendimos hace tiempo que nombrar nunca es un acto inocente. Las palabras clasifican el mundo, establecen diferencias, producen jerarquías y determinan quién puede aparecer ante el Estado como sujeto de determinados derechos. Por eso esta discusión no puede reducirse a una anécdota lingüística. Si el campesinado es constitucionalmente un sujeto de especial protección, sustituir progresivamente esa categoría por “empresarios del campo” puede tener consecuencias conceptuales y políticas. Un empresario es fundamentalmente un agente económico; el campesino reconocido por la Constitución es además un sujeto social, cultural, político, ambiental y territorial, titular de derechos individuales y colectivos. No son categorías equivalentes. Y ahí radica la gravedad del asunto. Colombia tardó décadas en reconocer jurídicamente algo que los campesinos llevaban más de un siglo reclamando políticamente: el derecho a existir como campesinado. Resultaría paradójico que, apenas tres años después de haber escrito esa palabra en la Constitución, un Ministerio de Agricultura quisiera comenzar a borrarla de su vocabulario.

Quizás todo esto pueda resolverse con un simple ejercicio de democracia: pregúnteles, vaya a los Montes de María, al Sumapaz, al Catatumbo, al Cauca, al Magdalena Medio, a la Sierra Nevada de Santa Marta, al Perijá, a Córdoba, a Sucre, siéntese con las asociaciones de mujeres campesinas, con quienes recuperaron tierras, con quienes volvieron después del desplazamiento, con quienes aún guardan semillas heredadas de sus padres y pregúnteles ¿Qué son ustedes? Tal vez algunos contesten productores. Otros agricultores. Algunos pequeños empresarios. Y muchos responderán simplemente campesinos Déjelos entonces llamarse así, porque dignidad no es cambiarle el nombre al otro para acomodarlo a nuestra idea de progreso, Dignidad empieza, por lo contrario: reconocer el nombre con que el otro ha decidido contar su propia historia y en Colombia esa historia tiene una palabra antigua dolorosa orgullosa ahora también constitucional: Campesino.