Las elecciones de las Juntas de Acción Comunal del 26 de abril evidenciaron las tensiones, el desgaste y los temores que atraviesan a las comunidades, así como la deuda persistente con quienes todavía asumen el compromiso de liderar y representar a sus territorios.
Ejercer el liderazgo comunitario en Colombia ha sido un acto de profunda vocación y de inmenso coraje. Las Juntas de Acción Comunal (JAC) representan el tejido más cercano a la realidad de los territorios; son el primer canal de diálogo entre el ciudadano y un Estado que suele tardar en llegar o que, simplemente, nunca lo hace. Los procesos democráticos recientes evidencian una paradoja inquietante, mientras la organización comunitaria sigue siendo vital para la vida de los territorios, asumir las riendas de estas organizaciones se ha vuelto una tarea cada vez más compleja y solitaria.
Las JAC se formalizaron con la Ley 19 de 1958, cuando el país aún sangraba de la Violencia y la pregunta urgente era cómo volver a vivir juntos. Esta apuesta se instituyó durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, pero fueron Orlando Fals Borda y Camilo Torres Restrepo quienes impulsaron y defendieron dicha visión, convencidos de que las comunidades tenían la capacidad de organizarse desde su propia iniciativa y transformar sus realidades colectivamente. La primera experiencia ocurrió en la vereda Saucío, en Chocontá, Cundinamarca, un lugar que hoy pocos recuerdan pero que fue el punto de partida de todo. Desde entonces, más de 45.000 juntas operan en el país y se han convertido, en la práctica, en el primer escalón de la democracia colombiana, ese espacio donde la gente aprende a organizarse, a pedir cuentas, a construir lo colectivo desde lo pequeño. Una placa, un acueducto, una cancha, una escuela, cosas que suenan menores hasta que uno las necesita.
Las JAC no son espacios perfectos, ni pretenden serlo. Pero han sobrevivido a gobiernos, constituciones, reformas y crisis porque responden a algo que ninguna ley puede reemplazar: la necesidad de organizarse entre vecinos para resolver lo que, de manera individual, resulta imposible.
El caso de la Zona Bananera
En la Zona Bananera del Magdalena, esa realidad tiene una textura particular. Hablamos de un territorio marcado por décadas de economía de enclave, por la presencia de grupos armados, por el peso histórico de una región que lo dio todo en banano y mano de obra, y que recibió a cambio muy poco. Aquí, las JAC no son un trámite burocrático; con frecuencia representan el único mecanismo real de gestión comunitaria con el que cuentan los corregimientos y veredas.
Figura 1.
Proceso eleccionario en la Vereda El Puyo, Riofrío, Zona Bananera, Magdalena
Nota: Elaboración propia
Cuando el agua no llega, el camino se vuelve intransitable en invierno o una familia requiere acompañamiento, la JAC es la primera puerta a la que acude la comunidad. El presidente de la junta conoce a todo el mundo, sabe qué familias están pasando necesidades, cuál líder comunal tiene lío con quién. Ese conocimiento no lo tiene ninguna alcaldía, ningún ministerio, ningún plan de desarrollo. Es un capital social que se construye con años de reuniones, de conflictos resueltos a la buena y de favores que no se cobran.
Por eso el 26 de abril importaba, las elecciones de juntas son, en el fondo, una medición de cuánta energía queda en una comunidad, cuánta disposición hay para el bien común, cuánta gente está dispuesta a dar su tiempo, su nombre y su tranquilidad por los demás. Y aquí viene lo que más me preocupa, y que hay que decir sin rodeos, muchos no se reeligieron ni continuaron, sencillamente no se animaron a participar.
No es apatía. Sería fácil, y cómodo, atribuirlo únicamente al desinterés ciudadano. La realidad en territorios como la Zona Bananera es mucho más compleja. La persistencia de estructuras armadas como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia mantiene un ambiente de tensión e incertidumbre que atraviesa la cotidianidad de las comunidades. La inseguridad se refleja en hechos concretos, el vecino que recibió una amenaza, el líder que tuvo que abandonar el pueblo o quien, después de intervenir en una reunión comunitaria, comenzó a sentir vigilancia y temor. Así lo constata la historia reciente de un líder comunitario de la vereda Iberia, en el corregimiento de Orihueca:
A mí me amenazaron, me llamaron, me dijeron que tenía 24 horas para irme, por eso es que estoy por acá lejos, ya uno no puede buscar el beneficio de la comunidad porque se gana problemas. Desde acá donde estoy llamo para saber cómo están las cosas y doy mis ideas para que al menos no se pierdan los proyecticos que se tienen… este año sí no me lancé.
Hay líderes comunitarios que durante años han impulsado proyectos, gestionado inversiones y reclamado ante la Alcaldía mejores condiciones para sus comunidades, pero que hoy prefieren dar un paso al costado. El desgaste acumulado, la ausencia de respaldo institucional y la falta de garantías de protección han convertido el ejercicio del liderazgo en una carga cada vez más difícil de sostener. Eso no es fracaso personal sino una falla estructural del Estado colombiano, que sigue esperando que la participación ciudadana florezca en condiciones donde participar puede ser peligroso.
Quienes decidieron permanecer y sostener el liderazgo merecen mucho más que reconocimientos simbólicos o aplausos en actos oficiales. En los recorridos y acercamientos que he desarrollado a las Juntas de Acción Comunal de la Zona Bananera, resulta evidente que las comunidades requieren acompañamiento permanente, asesoría jurídica, acceso real a recursos y medidas efectivas de protección para quienes asumen estas responsabilidades. Una junta que logra organizar, gestionar y transformar su entorno es el resultado de años de trabajo compartido y del compromiso de líderes que continúan creyendo en la fuerza de lo común, incluso en medio de las dificultades.
El futuro de municipios como los de la Zona Bananera también se define en estos espacios. Más allá de grandes discursos o proyectos de amplio alcance, gran parte de la transformación territorial depende de fortalecer la organización comunitaria y de transmitir a las nuevas generaciones el valor de trabajar junto a sus vecinos. La acción comunal representa una forma de participación, solidaridad y dignidad que sigue sosteniendo la vida cotidiana en muchos territorios.
Las juntas que quedaron sin candidatos, los cargos que nadie quiso ocupar, los líderes que se bajaron en silencio, todo eso es una señal que no podemos ignorar. No como diagnóstico catastrófico, sino como llamado de atención. Las comunidades necesitan que más gente se anime. Y para animarse, necesitan sentir que no están solos. Quizás el primer paso es reconocer el valor de lo que ya existe, las juntas que sí funcionan, los presidentes que sí trabajan, las comunidades que sí se mueven. En la Zona Bananera hay gente haciendo cosas extraordinarias en condiciones muy difíciles. Eso también es una noticia. La más importante de todas.
