El campesinado de la vereda El Cinco, en la Serranía del Perijá, constituye un sujeto histórico cuya identidad se ha forjado en la dialéctica entre el arraigo territorial y el desarraigo forzado, operando en una frontera que es tanto geográfica como simbólica. En este ecosistema de alta montaña, situado a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, la transición productiva de la amapola a la mora castilla no representa simplemente un cambio técnico de cultivo, sino una reconfiguración biopolítica de la vida rural frente a la marginalidad estatal. La mora, descrita por los propios habitantes como una «vaca lechera desvalorizada», simboliza hoy la persistencia de una economía de subsistencia que, aunque lícita, sigue atrapada en estructuras de intercambio desigual y falta de reconocimiento jurídico de la tierra. Esta columna analiza cómo la producción de mora en El Cinco se articula como un acto de resistencia campesina que busca revertir los efectos de la «descampesinización» provocada por décadas de conflicto armado y bonanzas ilícitas.
Históricamente, la ocupación de la Serranía del Perijá fue el resultado de ciclos de desplazamiento y colonización impulsados por el fracaso de las economías de exportación en las planicies, como el algodón y la marihuana. El poblamiento original de la vereda El Cinco en 1969, liderado por familias como los Rodríguez, estableció un sistema inicial de horticultura de pancoger que aprovechaba el clima frío para producir papa, hortalizas y frutas. No obstante, este equilibrio se fracturó con la llegada de la amapola en 1992, la cual introdujo una racionalidad especulativa que desplazó la soberanía alimentaria en favor de rentabilidades inmediatas pero destructivas. La amapola no solo alteró el paisaje mediante una deforestación indiscriminada, sino que insertó al campesino en una categoría de «narcoguerrillero» que justificó la intervención punitiva del Estado y el control social por parte del Frente 41 de las FARC-EP.
El colapso del sistema amapolero hacia el año 2006, precipitado por las aspersiones aéreas con glifosato y la violencia militar, desembocó en una catástrofe humanitaria y ambiental. El desplazamiento masivo de ese año hacia el casco urbano de Manaure representó una ruptura identitaria, donde el productor autónomo fue reducido a la figura del desplazado dependiente de asistencia institucional precaria. Los asesinatos de campesinos como Aníbal Chavarría y Byron de Jesús Manjarrez por agentes del Estado, presentados ilegítimamente como bajas en combate, sembraron un clima de terror que aún hoy habita en la memoria colectiva de la vereda. En este contexto de trauma y despojo, el retorno paulatino a las fincas obligó a la comunidad a buscar una alternativa que permitiera la «limpieza» simbólica y material de sus parcelas, encontrando en la mora con espinas el primer peldaño hacia la reconciliación con el territorio lícito.
La consolidación del cultivo de la mora se divide en dos fases: la adopción voluntaria de la variedad con espinas entre 2004 y 2010, y la tecnificación de la mora sin espinas a partir de 2010 mediante la intervención de la Fundación Wii y la Gobernación del Cesar. Esta última transición fue promovida bajo un discurso de sostenibilidad agroecológica vinculado a la protección del oso andino en el páramo de Sabana Rubia, integrando al campesino en modelos de «agricultura limpia». Sin embargo, desde una perspectiva antropológica, esta intervención institucional operó bajo una lógica de «rehabilitación» que privilegió el paquete tecnológico por encima de las disparidades estructurales de comercialización. Aunque la mora sin espinas facilitó la labor de cosecha y aumentó la productividad semanal, no logró romper la dependencia hacia el intermediario urbano, quien captura la mayor parte del valor de cambio de la fruta.
La metáfora de la vaca lechera desvalorizada resume la paradoja de la economía morera actual: la fruta provee un flujo de efectivo constante que garantiza el sustento diario y evita la escasez absoluta, pero es insuficiente para generar excedentes que permitan un completo desarrollo material significativo de las familias. El campesino de El Cinco sacrifica su fuerza de trabajo en jornadas que inician a las cuatro de la mañana, enfrentando altos costos de insumos y una infraestructura vial deficiente que encarece el transporte. La falta de una asociatividad sólida y de reglas de precios estables coloca al productor en una posición de vulnerabilidad frente a los comerciantes, quienes a menudo fían alimentos a cambio de la cosecha futura, perpetuando un ciclo de endeudamiento que recuerda a los antiguos sistemas de servidumbre rural.
A pesar de estas limitaciones económicas, el cultivo de mora ha fortalecido el tejido comunitario y la identidad del campesino como protector de la biodiversidad altoandina. La familia sigue siendo la unidad fundamental de organización laboral, donde las mujeres desempeñan un papel crucial no solo en el hogar, sino en la recolección y asistencia de los cultivos. Historias de vida como las de Florinda Bernal y Luisa Bossa ejemplifican la resistencia de género en el Perijá: Flor, quien adquirió su tierra trabajando en la amapola y resiste en la vejez con su parcela de mora; y Luisa, que tras sufrir el desplazamiento y la pérdida de su esposo, lucha por sostener su pedazo de tierra para garantizar el futuro de sus hijos. Para estas mujeres, ser campesina es una profesión especializada que exige un saber profundo sobre los ciclos del suelo y una ética del cuidado hacia la vida.
La participación de la comunidad en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) tras el Acuerdo de Paz ha permitido una «presencia institucional sin armas» que se manifiesta en proyectos de pequeña infraestructura, como la rehabilitación de la escuela y la construcción del salón comunal. No obstante, existe un escepticismo latente frente a la efectividad de estas obras para resolver demandas históricas como la legalización de la propiedad y el acceso a salud y educación superior para los jóvenes. La juventud de El Cinco se encuentra en una encrucijada: herederos de un amor por el campo, pero tentados por el éxodo urbano ante la falta de garantías para una vida digna en la montaña. El riesgo de una nueva «descampesinización» silenciosa es real si el Estado no trasciende la infraestructura básica y aborda la soberanía comercial del campesinado.
El reciente reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección en 2023 representa un hito político que debe materializarse en la Serranía del Perijá. Este marco legal debe servir para dignificar el trabajo de quienes, como los habitantes de El Cinco, han cumplido con el pacto de transitar hacia la legalidad a pesar del olvido institucional. La mora no es solo una mercancía; es el vehículo de una transformación social que ha permitido a las familias recuperar su autonomía y su derecho a vivir en paz. La lucha por el territorio es, por tanto, una lucha contra la amnesia de una sociedad urbana que desconoce que cada kilo de mora cosechado en el Perijá lleva consigo la marca de unas manos que han sobrevivido a la guerra para alimentar a la nación.
En conclusión, la trayectoria de la vereda El Cinco demuestra que la mora es el eje de una resistencia biopolítica que ha permitido la pervivencia del campesinado en una de las fronteras más complejas de Colombia. La transición de la amapola a la mora no fue un proceso idílico, sino un camino doloroso marcado por el desplazamiento y la estigmatización. Hoy, el desafío radica en que la «vaca lechera» deje de estar desvalorizada mediante una verdadera reforma rural que garantice el acceso a la tierra, la infraestructura vial y circuitos de comercialización justos. Solo así, la identidad campesina del Perijá podrá florecer plenamente, asegurando que las futuras generaciones vean en el campo no un espacio de sacrificio, sino un territorio de vida, saber y dignidad.
